La derecha y extrema derecha españolas continúan con sus alianzas regionales / Foto: Pierre-Philippe Marcou - AFP/Archivos
La derecha y extrema derecha españolas continúan con sus alianzas regionales
La derecha y la extrema derecha españolas anunciaron el miércoles un acuerdo para gobernar la región de Castilla y León, el tercer pacto de este tipo en los últimos meses, confirmando así su estrategia de alianzas regionales a un año de las elecciones generales.
El Partido Popular (PP) venció a mediados de marzo en las elecciones regionales en esta extensa comunidad del noroeste de España, pero no logró la mayoría absoluta.
Al igual que ocurrió en Extremadura y Aragón, donde ya suscribió pactos de gobierno en los últimos meses, para mantenerse en el gobierno precisaba del apoyo del partido de extrema derecha Vox.
A cambio de su respaldo, el PP aceptó el principio de "prioridad nacional" defendido por Vox, que jerarquiza el acceso a determinadas ayudas y servicios públicos en función del "arraigo real" de las personas en el territorio.
"Es una vergüenza nacional", criticó ante los periodistas Óscar López, ministro de Transformación Digital del gobierno de izquierda que preside Pedro Sánchez. "Es un mensaje xenófobo, es un mensaje racista", agregó.
El PP y Vox ya habían alcanzado acuerdos en cinco regiones en 2023, pero la formación de extrema derecha se retiró de aquellos gobiernos de coalición a mediados de 2024 por un desacuerdo sobre el reparto de menores extranjeros en el territorio.
Desde hace meses, ambos partidos reclaman reiteradamente la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas, opción que el dirigente socialista afirma no contemplar hasta ahora.
El jefe del ejecutivo se encuentra bajo fuertes críticas de la oposición, que apuntan a los múltiples casos judiciales que afectan a su entorno privado y profesional. El líder socialista denuncia, de su lado, ser víctima de una campaña de desestabilización impulsada por la derecha y la extrema derecha.
Igualmente, la oposición le reprocha la política de apertura en materia de inmigración impulsada por su gobierno, especialmente su plan de regularización de aproximadamente medio millón de personas sin papeles lanzado en abril.
El Ejecutivo defiende esta medida, entre otros, por su potencial para reforzar la economía española ante el envejecimiento de su población.
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