The Hong Kong Telegraph - Defensora del Pueblo evalúa balance de paz: 'Avanzamos más lentamente de lo que las víctimas necesitan'

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha emitido un balance crítico sobre los diez años transcurridos desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Si bien reconoce que el pacto logró su objetivo fundamental de poner fin al conflicto armado con la guerrilla más antigua y numerosa del país, advierte que el proceso de implementación avanza a un ritmo insuficiente para satisfacer las necesidades y los derechos de las víctimas.

En una entrevista detallada, Ortiz señaló: "Estamos avanzando mucho más lentamente de lo que las víctimas necesitan y tienen derecho a exigir". Esta afirmación resume la preocupación central de la Defensoría frente al estancamiento en áreas clave como la reparación colectiva, la justicia transicional y la garantía de seguridad en los territorios históricamente excluidos.

El Acuerdo Final, firmado hace una década, buscaba no solo el cese del fuego, sino transformar las condiciones estructurales que permitieron la persistencia de la violencia durante décadas. Entre estos objetivos se encontraban la reducción de la desigualdad territorial, la inclusión política y la erradicación de las economías ilícitas. Sin embargo, según Ortiz, es en estas áreas donde se han registrado los mayores retrasos.

Aunque el conflicto armado con las Farc ha terminado, la violencia no ha desaparecido; se ha reconfigurado. La Defensora del Pueblo aclaró que la situación actual no puede atribuirse exclusivamente al Acuerdo de Paz, sino que responde a la emergencia de múltiples estructuras armadas ilegales. Estas nuevas dinámicas están estrechamente ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

Ortiz distinguió entre las disidencias de las antiguas Farc, que representan una fracción del grupo desmovilizado, y otros actores armados como el Clan del Golfo. Este último, identificado como el grupo con mayor presencia territorial en Colombia, tiene sus orígenes en estructuras paramilitares posteriores a la desmovilización de principios de siglo, no en las Farc. A pesar de esto, algunos grupos se presentan deliberadamente como las antiguas Farc para confundir y mantener su narrativa política, una estrategia que la Defensoría considera difícil de sostener dada la realidad actual.

La persistencia de estas estructuras armadas ha sido facilitada, según Ortiz, por los incumplimientos y retrasos en la implementación del Acuerdo. La falta de paz en los territorios y la debilidad institucional han creado un vacío que estos grupos han llenado. No obstante, la Defensoría insiste en que el Acuerdo "valió la pena" y sigue siendo necesario cumplirlo, precisamente porque las causas estructurales de la violencia continúan sin resolverse.

En materia de reparación a las víctimas, el panorama descrito por Ortiz es crítico. De los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos oficialmente, solo 63, lo que representa el 4,6 %, han logrado recibir su reparación completa. Además, aproximadamente ocho de cada diez víctimas no han accedido al programa de atención psicosocial necesario para su recuperación.

Las proyecciones para los próximos años son preocupantes. Al finalizar la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2031, se estima que solo el 20 % de las víctimas habrá recibido indemnización. Asimismo, un bajo porcentaje de personas desplazadas ha alcanzado soluciones duraderas, es decir, han dejado de tener necesidades de protección derivadas del desplazamiento forzado.

La justicia transicional también enfrenta desafíos significativos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha adelantado once macrocasos y emitido cinco condenas por crímenes de extrema gravedad, incluyendo secuestros cometidos por las antiguas Farc y ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes de la Fuerza Pública. Se han registrado reconocimientos de responsabilidad que contribuyen al esclarecimiento de hechos que permanecieron en la impunidad durante décadas.

Sin embargo, Ortiz subrayó la necesidad de acelerar los procedimientos y garantizar que las sanciones sean efectivas. La discusión pública sobre la JEP a menudo se centra en su funcionamiento interno, pero la Defensoría argumenta que el debate debe girar en torno a qué necesita el país para maximizar la justicia para las víctimas sin comprometer la seguridad jurídica de quienes dejaron las armas.

La centralidad de las víctimas no puede limitarse a un principio retórico del Acuerdo o al reconocimiento jurídico de sus derechos. Debe materializarse en justicia, reparación, seguridad y condiciones de vida dignas. Ortiz advirtió que la paz no puede medirse únicamente por el número de combatientes que desarmaron, sino por los derechos que se han garantizado a quienes sufrieron la guerra.

La implementación del Acuerdo ha enfrentado obstáculos estructurales. Transformar las condiciones de un país es más complejo que aprobar normas o crear instituciones. Además, la falta de consenso político nacional ha retrasado el proceso y restado respaldo institucional. El Acuerdo exigía continuidad entre gobiernos, financiación suficiente, coordinación institucional y una presencia integral del Estado en territorios excluidos, condiciones que no siempre se han garantizado.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) ilustran esta dificultad. Cerca de 250.000 personas participaron en la construcción de más de 33.000 iniciativas para transformar sus territorios, marcando uno de los ejercicios de participación rural más importantes del país. No obstante, en las subregiones analizadas, solo entre el 5 % y el 10 % de las iniciativas con ruta de implementación activa han finalizado.

A pesar de estos retrasos, existen avances medibles. La pobreza multidimensional en las zonas rurales de los municipios PDET disminuyó del 47,2 % en 2018 al 26,1 % proyectado para 2025. En cuanto a la formalización de tierras, se han alcanzado cerca de 3,35 millones de hectáreas, equivalentes al 47,85 % de la meta prevista. Sin embargo, estos logros no son suficientes para cerrar las brechas históricas entre el campo y la ciudad.

La implementación fragmentada entre instituciones y programas ha dificultado la articulación entre seguridad, desarrollo territorial, acceso a tierras, sustitución de cultivos y reparación. Ortiz criticó la tendencia a medir el cumplimiento del Acuerdo por el número de actividades realizadas o programas creados, en lugar de evaluar si las comunidades viven mejor, tienen más oportunidades y están menos expuestas a la violencia.

La frustración de las víctimas frente a la lentitud de la justicia transicional es comprensible. La JEP ha documentado que más de 21.000 personas fueron víctimas de secuestro y que se reclutaron 18.677 niñas y niños por las antiguas Farc. Esta dimensión criminal requiere respuestas judiciales robustas. Ortiz aclaró que la justicia restaurativa no implica ausencia de sanción; las sanciones propias tienen un componente retributivo que implica restricciones efectivas de derechos, cuyo cumplimiento debe ser supervisado.

La Defensoría del Pueblo considera legítimo y necesario el debate sobre los resultados y dificultades de la JEP. Ninguna institución está exenta de evaluación. Sin embargo, este debate debe partir de los derechos de las víctimas. Propuestas que sugieren trasladar los procesos a la justicia ordinaria en plazos reducidos deben ser evaluadas con cautela. La experiencia del proceso de Justicia y Paz, que lleva 21 años en funcionamiento sin haber concluido su trabajo, sirve como advertencia sobre los riesgos de sobrecargar el sistema penal ordinario.

Trasladar los casos sin una evaluación rigurosa podría generar mayores demoras, riesgos de impunidad e incertidumbre jurídica. Ortiz abogó por un debate técnico, plural y constructivo, con participación de las víctimas, el Congreso, el Gobierno y la propia JEP, para preservar los avances de la justicia transicional, corregir lo que no funciona y fortalecer su capacidad de respuesta.

La persistencia de disidencias y la reincidencia de personas que habían dejado las armas constituyen una gran preocupación, pero Ortiz no las considera el principal incumplimiento del Acuerdo ni atribuye toda la violencia actual a ellas. El proceso de desarme fue real: 10.943 personas permanecen vinculadas a la reincorporación, aproximadamente el 76 % de las acreditadas. Estas personas han cumplido su compromiso con la paz y merecen garantías para continuar.

Las dinámicas actuales de los grupos armados son distintas a las de la antigua guerrilla. Sus disputas se centran en el control de economías ilícitas y corredores territoriales, lo que explica sus fraccionamientos y alianzas cambiantes. A esto se suman el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que nunca se desmovilizó, y el Clan del Golfo, presente en 468 municipios.

La insuficiencia de las garantías de seguridad para las personas firmantes y las comunidades es un desafío crítico. La Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional por los riesgos que enfrenta la población en reincorporación, una situación que persiste. El mayor incumplimiento no debe medirse solo por quienes regresaron a las armas, sino por la capacidad del Estado para garantizar oportunidades, seguridad y presencia integral.

La situación de derechos humanos en Colombia ha evolucionado de manera compleja. Los primeros años posteriores al Acuerdo trajeron una reducción importante de la violencia. Sin embargo, en los últimos cinco o seis años se ha observado una nueva expansión de la violencia con características distintas. Las cifras de desplazamiento y confinamiento reflejan esta gravedad: entre 2017 y 2025, las personas afectadas por desplazamientos masivos pasaron de 12.841 a 107.924, mientras que las afectadas por confinamiento aumentaron de 18.603 a 128.825.

A julio de 2026, el Sistema de Alertas Tempranas tenía advertencias vigentes sobre riesgos en 396 municipios, equivalentes al 36 % del país. El Índice de Respuesta Estatal a las recomendaciones de la Defensoría alcanzaba apenas el 57,14 %, con mayores rezagos en prevención y protección. En los territorios se observan prácticas preocupantes como el reclutamiento de menores, el uso de drones con explosivos y restricciones a la movilidad.

La financiación es un factor clave en los retrasos. Ortiz reconoció que la insuficiencia, discontinuidad y falta de articulación de los recursos explican parte del estancamiento. El Acuerdo incluía una agenda ambiciosa que exigía recursos sostenidos durante años. Sin embargo, también existen dificultades de gestión y coordinación que no se resolverían exclusivamente con más presupuesto.

En la sustitución voluntaria de cultivos, las 99.097 familias vinculadas al Plan Nacional de Sustitución (PNIS) alcanzaron un cumplimiento del 98 % en la erradicación voluntaria, pero el Estado mantiene retrasos en proyectos productivos y alternativas económicas sostenibles.

La participación política del partido surgido de las Farc fue una garantía transitoria para facilitar la transición a la legalidad. Ortiz aclaró que esto no exoneraba de responsabilidad a quienes cometieron crímenes ni sustituía las obligaciones del Estado frente a las víctimas. La deuda con las víctimas es enorme, y los antiguos comandantes deben asumir una posición acorde con esa deuda.

El Congreso aprobó recientemente un nuevo esquema de sometimiento a la justicia para grupos armados ilegales actuales. Ortiz consideró este marco complementario al Acuerdo de 2016, ya que responde a dinámicas de violencia distintas. Lo indispensable es que quienes se acogieron a procesos anteriores no queden impunes si vuelven a las armas bajo la nueva ley.

La Ley 2640 de 2026 establece un nuevo marco para el sometimiento de organizaciones armadas ilegales. Ortiz enfatizó que cualquier tratamiento penal diferenciado debe estar condicionado a compromisos verificables de verdad, justicia, reparación y no repetición. No basta con la entrega de armas si permanecen intactas las economías ilegales y las redes de apoyo.

El criterio fundamental para valorar este nuevo marco jurídico debe ser su contribución efectiva a la protección de la población civil, el desmantelamiento de las organizaciones y la garantía de los derechos de las víctimas, sin retroceder en los compromisos constitucionales adquiridos en el Acuerdo Final.

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