Ley 2573 de 2026 en Colombia: nuevas reglas contra la suplantación de identidad
A partir del 19 de noviembre, entrará en vigencia general la Ley Estatutaria 2573 de 2026 en Colombia, una normativa diseñada para combatir el creciente fenómeno de la suplantación de identidad. Esta ley impone obligaciones estrictas a las empresas de telecomunicaciones y financieras, estableciendo mecanismos de protección inmediata para los ciudadanos que han sido víctimas de fraudes digitales.
La Ley Estatutaria 2573 de 2026 establece un nuevo marco regulatorio para la lucha contra la suplantación de identidad en Colombia, imponiendo obligaciones específicas a los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras y los comercios. La norma entrará en su aplicación general el próximo 19 de noviembre, fecha clave para millones de ciudadanos que buscan proteger su reputación crediticia y evitar pagos por compromisos contraídos fraudulentamente.
El impulso de esta legislación responde a la magnitud del problema en el país. Según datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre 2022 y mayo de 2026 se registraron 13.983 reclamaciones por suplantación de identidad. De este total, una abrumadora mayoría correspondió al sector de telecomunicaciones, con 11.365 casos, lo que representa el 81 % de las denuncias presentadas ante la entidad reguladora.
La suplantación de identidad no solo genera pérdidas económicas directas, sino que también daña severamente la reputación financiera del afectado. Encontrar un préstamo desconocido en el historial crediticio o recibir cobros por planes de telefonía nunca solicitados puede cerrar puertas ante las entidades bancarias y complicar la vida cotidiana del ciudadano.
Aunque la aplicación general de la ley se inicia el 19 de noviembre, dos apartados clave ya están vigentes. Los parágrafos primero y segundo del artículo 5 comenzaron a regir desde mayo de 2026, exigiendo a las empresas protocolos estrictos de seguridad y estableciendo consecuencias para quienes no los cumplan. La norma fue sancionada el 19 de mayo de 2026 y publicada en el Diario Oficial 53.496.
El eje estructural de la Ley 2573 radica en el endurecimiento de los protocolos de autenticación. Las compañías obligadas a cumplir la norma deben desplegar medidas de seguridad digital robustas y razonables para validar la identidad real de cualquier persona que solicite un producto o servicio. Esto implica verificar rigurosamente los datos proporcionados antes de aprobar créditos, líneas telefónicas u otros compromisos financieros.
Ante una alerta de posible suplantación, la ley establece un procedimiento claro. Las empresas deben tramitar la reclamación del usuario, entregar copia de los soportes documentales empleados para aprobar la operación y suspender de forma inmediata todo cobro. Esta suspensión incluye el congelamiento de intereses, gastos de cobranza y cargos asociados.
Una vez notificada la posible víctima, cuenta con un plazo de 20 días hábiles para radicar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y aportar las pruebas correspondientes. Si el ciudadano omite este paso dentro del plazo establecido, la entidad financiera o comercial queda facultada para reactivar los cobros retroactivos y gestionar el reporte negativo ante las centrales de riesgo.
Sin embargo, la normativa introduce salvaguardas decisivas en favor del usuario. Si la propia entidad halla evidencias internas que confirmen el fraude, la víctima queda eximida del trámite penal ante la Fiscalía y debe ser exonerada automáticamente de la deuda. Esta disposición busca agilizar la protección del ciudadano sin obligarlo a iniciar procesos judiciales largos cuando la empresa ya ha detectado la irregularidad.
Además, la protección reforzada contenida en los parágrafos vigentes del artículo 5 establece que, si se demuestra que la compañía incumplió sus protocolos de seguridad, estará obligada a frenar el cobro, rectificar los reportes negativos y reintegrar directamente el dinero defraudado. Esta devolución no puede estar condicionada a bloqueos de fondos ni a autorizaciones previas del titular de la cuenta receptora.
Uno de los temores más grandes al denunciar una suplantación es quedar manchado en las centrales de riesgo. La Ley 2573 resuelve este problema obligando a las centrales de información a colocar la etiqueta 'Víctima de Falsedad Personal' en el perfil del afectado. Esta marca no reduce el puntaje crediticio ni sirve como excusa para negar un préstamo; por el contrario, funciona como una alerta de seguridad que obliga a bancos y comercios a realizar una doble verificación antes de aprobar cualquier operación a nombre de esa persona.
La norma también define claramente las consecuencias al finalizar el proceso. Si la justicia confirma que sí hubo suplantación, la víctima queda totalmente libre de esa deuda y se borra cualquier rastro negativo en su historial crediticio. Por el contrario, si se descubre que la persona sí solicitó el servicio y trató de engañar al sistema, la empresa podrá cobrarle hasta el último peso, incluyendo los intereses generados durante el periodo de congelamiento, y el ciudadano se enfrentará a problemas penales por presentar una denuncia falsa.
Antes de convertirse en ley, la normativa pasó por el filtro de la Corte Constitucional en la Sentencia C-413 del 2 de octubre de 2025. En esta decisión, se ajustaron reglas fundamentales para proteger al ciudadano de a pie. La más importante fue establecer la carga dinámica de la prueba: se acabó con la exigencia de que el usuario demuestre lo imposible. Ahora es la empresa la que tiene que poner sobre la mesa los documentos y pruebas con los que aprobó ese crédito o línea telefónica.
La Corte también dejó claro que la carga penal no recae solo en el afectado; los bancos, operadores y comercios están obligados a presentar la denuncia ante las autoridades dentro del mismo plazo que tiene la víctima. Esta disposición busca evitar que las empresas retrasen la investigación mientras continúan cobrando al ciudadano.
Por su parte, la Superintendencia Financiera resolvió una duda práctica vital en su Concepto 2026124048-004 del 21 de julio de 2026. Para que se frene el cobro de inmediato, basta con avisar a la entidad que se fue suplantado; ninguna empresa puede exigir llevar primero el papel de la denuncia para detener la cobranza. No obstante, para solicitar la etiqueta de 'Víctima de Falsedad Personal' en las centrales de riesgo, sí es indispensable haber radicado la denuncia formalmente.
Para evitar que las reclamaciones queden atrapadas en dilaciones burocráticas, la norma incorpora el silencio administrativo positivo en las solicitudes de corrección de información. Las entidades disponen de 15 días hábiles para dar respuesta, prorrogables excepcionalmente por 8 días hábiles adicionales. Vencido ese término sin pronunciamiento, la petición se entiende resuelta automáticamente a favor del ciudadano.
Para hacer efectiva esta garantía, resulta indispensable conservar la trazabilidad documental completa: notificaciones de cobro, comunicaciones cruzadas, soportes radicados y números de seguimiento. Quien identifique una obligación o un servicio que no contrató debe informar cuanto antes a la empresa responsable y dejar constancia de la reclamación.
Agotado el reclamo directo ante la empresa, el afectado puede escalar su caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando involucre operadores de telecomunicaciones o protección de datos personales, o ante la Superintendencia Financiera si se trata de entidades vigiladas del sector financiero. La plena aplicación de la Ley Estatutaria 2573 pone a prueba tanto el rigor de los sistemas de autenticación corporativa como la capacidad de reacción institucional frente al fraude digital.
Para la ciudadanía, el avance más tangible radica en contar con una ruta clara y vinculante para frenar de inmediato cobros por obligaciones nunca contraídas y blindar su reputación crediticia frente a la suplantación. El representante a la Cámara Duvalier Sánchez lideró este proyecto legislativo que ahora deberá aplicarse en todo el territorio nacional.
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